Se realizó la audiencia de formalización de la investigación en un legajo vinculado a la presunta comisión de delitos en la adjudicación de obras públicas y el otorgamiento de derechos sobre tierras fiscales. A pedido de la Fiscalía el juez otorgó el plazo especial para asuntos complejos.
La imputación fiscal diferencia dos hechos que tienen por imputados comunes aMiguel Castro, Gustavo Galindo y Néstor Becerra, en calidad de funcionarios públicos, encuadrados provisoriamente en los tipos penales de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Los fiscales a cargo de la investigación son Oscar Oro y Marcela Pérez. La Dra. Pérez fue designada por el Procurador General para colaborar en la investigación ya que por su complejidad requiere de una estructura mayor a la existente en la Oficina Fiscal de la Comarca.
Adjudicación de obras
El primero de ellos se refiere a presuntas irregularidades cometidas entre 2009 y 20013 en la adjudicación de obras a una empresa. «Las mencionadas adjudicaciones resultaron ser otorgadas sin respetar la legislación aplicable, siendo que varias de las Obras, por sus montos, y conforme las ordenanzas vigentes debían ser adjudicadas mediante licitación pública o privada, pero, sin embargo, fueron otorgadas en diferentes resoluciones emitidas por el Ejecutivo Municipal a la empresa mencionada por licitación privada o contratación directa, y muchas otras obras con montos que alcanzan a cifras millonarias, fueron desdobladas sin justificación técnica ni legal, ello a los efectos de partir y disminuir el precio y realizar adjudicaciones directas y evadir los procedimientos que hacen a la garantía de transparencia, evitando el procedimiento licitatorio», señala un párrafo del escrito fiscal.
Luego de detallar numerosas resoluciones, concluye el relato del hecho diciendo que «hasta el momento, y de la documentación recabada y la participación de los nombrados Hector Miguel Castro, como intendente de la localidad de Cholila, Gustavo Javier Galindo, en su condición de intendente interino de la misma localidad, y de Néstor Rubén Becerra, como Coordinador de Gabinete de ese Municipio, dictaron resoluciones contrarias a derecho y claramente parciales, entre al menos los año 2009 y 2013, interesándose en razón de su cargo en diferentes contrataciones con las que beneficiaron a los mismos intereses económicos.»
Tierras fiscales
El segundo hecho investiga el dictado de resoluciones mediante las que habrían otorgado indebidamente derechos sobre tierras fiscales. Además de los funcionarios, fueron imputados dos vecinos de Cholila como partícipes necesarios del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Se trata de las personas en cuyo favor resultaron otorgados los derechos sobre las tierras fiscales.
«Estamos dentro de la ley»
De los cinco imputados solo uno hizo uso de su derecho a prestar declaración en la audiencia, aunque se negó a responder preguntas. Miguel Castro dio una extensa explicación sobre la motivación política que llevó a realizar las contrataciones del modo en que se le cuestionan en el primero de los hechos.
Complejo
Un capítulo aparte de planteos y réplicas fue el pedido de tramitar el legajo como «asunto complejo». Al pedido fiscal se opusieron todos los defensores y la cuestión fue resuelta por el juez Martín O’ Connor de acuerdo a lo solicitado por la Fiscalía.
Abierta formalmente
El juez rechazó los pedidos de reformulación de los hechos por considerarlos claros y también rechazó
los pedidos de sobreseimiento. Decretó abierta formalmente la investigación y dispuso el plazo para asuntos complejos.
Fuente MPF
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